La Contraloría General de la República ofició al Ministerio de Seguridad y a la Dirección de la PDI, otorgándoles un plazo de 10 días para explicar formalmente las circunstancias que rodearon la salida de la subdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña, en medio de la controversia por una eventual intervención indebida desde la autoridad civil.
El requerimiento surge luego de los antecedentes revelados por Radio Bío Bío, que apuntan a que la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, habría solicitado personalmente la desvinculación de la funcionaria. A partir de esa información, parlamentarios como el diputado Raúl Leiva pidieron la intervención de Contraloría para aclarar si la secretaria de Estado actuó dentro de sus atribuciones o si incurrió en una eventual extralimitación de funciones.
La polémica también se trasladará al Congreso, ya que el director general de la PDI, Eduardo Cerna, fue citado para comparecer el próximo lunes ante una comisión parlamentaria, donde deberá esclarecer si efectivamente existió una solicitud del Ministerio de Seguridad para concretar la salida de Peña. Hasta ahora, la policía civil no ha entregado una versión oficial detallada sobre lo ocurrido.
Según los antecedentes conocidos, el conflicto entre Steinert y Peña se arrastraría desde un operativo contra el denominado “Clan Chen”, instancia en la que la entonces jefa de Inteligencia decidió cambiar a funcionarios del equipo investigador, incluyendo al subprefecto Mauricio Fuentes.
Ese episodio habría deteriorado la relación entre ambas y tensionado aún más el vínculo entre el ministerio y la institución policial.