Parlamentarios reaccionaron con preocupación tras un reportaje de 24 Horas que reveló un financiamiento desde Noruega hacia comunidades lafkenche en Chile, destinado —según el informe— a impulsar acciones que podrían frenar proyectos de la industria salmonera.
De acuerdo a los antecedentes, los aportes superarían los $500 millones de pesos y habrían sido canalizados a través de una ONG noruega con recursos provenientes de su gobierno, en un contexto donde Noruega es el principal competidor de Chile en el mercado global del salmón. Desde el Congreso, el diputado Mauro González calificó la situación como “gravísima” y pidió al Gobierno modificar la Ley Lafkenche.
Por el contrario, la diputada Nathalie Castillo defendió la importancia de resguardar los estándares ambientales y los derechos de las comunidades indígenas, descartando retrocesos en la regulación de la industria salmonera.
Cabe recordar que la Ley Lafkenche permite a pueblos originarios administrar espacios costeros ancestrales, lo que ha sido objeto de debate por su impacto en proyectos productivos, especialmente en el sur del país.